La Ciudad es autónoma, pero ¿ es Federal ?

El enfrentamiento entre la administración nacional y la porteña por la transferencia del transporte podría desencadenar un conflicto institucional sin precedentes en la historia local. Molestos por los fundamentos federalistas de Macri para rechazar la ley aprobada en el Congreso, diputados anti-Pro pergeñaron este nuevo y polémico proyecto.
Cuando la política no se pone de acuerdo, la Justicia interviene. Pero si la Justicia no se muestra interesada en resolver las diferencias políticas con celeridad, las mentes febriles buscan soluciones alternativas poco ortodoxas. Aunque sea una salida políticamente improbable, en el Congreso de la Nación circuló un borrador para intervenir la Ciudad de Buenos Aires.
Así de delirante como suena, la férrea oposición de Mauricio Macri a hacerse cargo del subte, las 33 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por territorio porteño y el breve recorrido del tranvía de Puerto Madero despertó enojo en diputados del interior enemistados con el titular del Pro, molestos por “el ninguneo” que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le hizo a la ley sancionada por el Congreso. Ese enojo cobró forma en un preproyecto que llegó a manos de referentes K en la Ciudad, quienes entre risas socarronas no se negaron a estudiar la propuesta.
Ante la falta de acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño, el kirchnerismo buscó en la sanción de una ley nacional una alternativa legal para obligar al Jefe de Gobierno de la Ciudad a asumir las competencias transferidas. Sin embargo, la respuesta del macrismo fue desconocer la validez de dicha normativa y reclamar la firma de un convenio entre la Presidenta de la Nación y el titular del Ejecutivo porteño, avalado posteriormente con una ley del Congreso y de la Legislatura de la Ciudad.
Si bien el Pro y los K manejaban la salida judicial como una opción, tanto la Justicia porteña como la federal se encargaron de remarcar que si el problema es político, la solución también debiera serla. Hasta la Corte Suprema de Justicia puso un freno a las aspiraciones de una solución rápida, reconociendo a través del juez Eugenio Zaffaroni que “hay una mayoría en la Corte que no considera que la Ciudad de Buenos Aires sea una provincia y, en consecuencia, no le asigna carácter de ente federal”. Por lo tanto, no sería el máximo tribunal de la Nación quien resolvería de forma originaria un conflicto entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, como el surgido por la trasferencia del subte.
La tragedia desatada por el temporal barrió a su paso con el conflicto del subte de los principales titulares informativos, y a pesar de la leve tregua que parecieron haber aceptado tanto en Bolívar 1 como en la Rosada para que las negociaciones vuelvan a recomponerse lentamente hasta tanto se reglamente la ley de traspasos, algunas figuras de la política nacional que ansían crecer en la carrera presidencial 2015, verían con buenos ojos que, en lugar de resolverse, el enfrentamiento Macri-Cristina se expanda a un enfrentamiento porteños versus federales.
“En el Pro confunden autonomía con soberanía, y este error los lleva a cometer equivocaciones mucho más graves, institucionalmente hablando, que una simple confusión de definiciones. Autonomía es la facultad de crear leyes con las cuales regirse, pero dentro de lo permitido por el ente soberano. Desconocer, ignorar, cuestionar una ley del Congreso Nacional es un exceso político que puede ser entendido como un atentado a la forma republicana de gobierno. Y cuando la República está en riesgo, la Constitución Nacional establece la intervención federal para garantizarla (artículo 6). Quien tiene la atribución de disponerla es el Congreso, ese mismo Congreso que Macri ignora”, relató a NU uno de los diputados nacionales que analiza la posibilidad de impulsar esta medida si la Ciudad continúa negándose a cumplir la ley una vez que esté reglamentada.
En 2004 se presentaron en el Congreso dos proyectos de ley para reglamentar la intervención federal, y si bien dichas iniciativas no fueron llevadas al recinto, entre los diputados y asesores que analizan la intervención como opción se trasluce el texto del pampeano Manuel Baladrón y los argumentos del exministro duhaldista y exdiputado nacional por la Ciudad por la UCR y Compromiso para el Cambio, Jorge Vanossi.
En el caso del proyecto de Vanossi, se planteaba la intervención del gobierno federal “cuando fuere necesario asegurar la ejecución de las leyes de la Nación o las decisiones de los tribunales nacionales, en el caso de mediar obstrucción o resistencia de las autoridades locales”, aclarando que la intervención “ejecutiva” tendría como único efecto el cumplimiento de dichas normas ignoradas y sería dispuesta “por la Justicia federal a requerimiento del Ejecutivo nacional”.
Baladrón también planteaba la intervención cuando “las autoridades locales incumplieren leyes nacionales o decisiones de la Justicia federal que tuvieren carácter de cosa juzgada, y se encontrasen agotadas las instancias correspondientes”, pero en este caso, la medida sería dispuesta por el Congreso tal cual lo establece la Constitución Nacional.
En el Congreso, el kirchnerismo y sectores de la oposición dejaron en evidencia que si el enemigo es Macri votan juntos, pero sin la mayoría K nada prospera en el Palacio Legislativo nacional. De lograr la simpatía de Cristina una idea maquiavélica como la intervención de la Ciudad, nada impediría que se concretara. El punto es si una maniobra extrema como esta beneficia o perjudica al Gobierno nacional.
Hoy, la primera intervención federal de la Ciudad de Buenos Aires de la historia es una hipótesis vista con buenos ojos en sectores políticos que aspiran a construir una alianza electoral que enfrente al kirchnerismo pero que se niegan a aceptar llevar a Macri como principal candidato.
En el Gobierno nacional, la herramienta política para garantizar que Macri cumpla con la ley nacional de traspaso de transportes es una salida extrema que no sumaría adeptos por el momento, pero que tampoco se descarta. “Lo dejaría a Macri como víctima, lugar muy cómodo para él, y pondría al electorado porteño, tan defensor de su autonomía, en contra de Cristina. Todavía no es negocio”, afirma una voz K porteña.
Se concrete o no, la intervención de la Ciudad es un recurso legalmente viable, políticamente improbable, pero estratégicamente efectivo.(Fuente: Noticias Urbanas)